DECRETO 114/2017, de 18 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo. La Unión Europea tiene hasta el año 2020 inclusive para alcanzar cinco objetivos principales en los siguientes ámbitos: empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación, integración social y reducción de la pobreza.

Apoyan esos objetivos siete “iniciativas emblemáticas” que crean el marco en el que la UE y las Administraciones nacionales pueden aunar esfuerzos y reforzarse mutuamente en áreas relacionadas con las prioridades de Europa 2020: innovación, economía digital, empleo, juventud, política industrial, pobreza y uso eficiente de los recursos.

Una de esas iniciativas es la Agenda Digital Europea (comunicación COM (2010) 245 de la Comisión Europea, “Una Agenda Digital para Europa”), consistente en un plan puesto en marcha por la Comisión Europea para facilitar y promover el uso de las TIC, así como fomentar los servicios basados en internet, con un fin muy concreto: impulsar el empleo, el crecimiento y mejorar la vida de los ciudadanos y la productividad de las empresas. Así, se ha puesto de manifiesto que la clave del futuro beneficio económico y social pasa por el desarrollo de las TIC en el contexto de un mercado único digital, sin fronteras, capaz de establecer un marco de trabajo en el que se favorezca la creación de oportunidades de empleo y el crecimiento económico, mediante la adopción inteligente de las tecnologías digitales.

Por su parte, la Agenda Digital para España plantea la necesidad de adaptar las políticas públicas, para continuar avanzando en la trayectoria de transformación y modernización de la economía y la sociedad española, y contribuir al aumento de la competitividad y la generación de empleo y bienestar.

A nivel autonómico la Agenda Digital de Extremadura es, una estrategia regional alineada con las políticas nacionales y europeas que establece la hoja de ruta de la política de implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante TIC), en los próximos años en la región, para alcanzar una mayor competitividad y una mejor respuesta a los retos sociales (generación de riqueza y creación de empleo). Entre los objetivos que se recogen en ella, se encuentra fomentar el uso de las nuevas tecnologías y el manejo de las mismas por parte de las Pymes extremeñas, fortaleciendo así el tejido empresarial y favoreciendo la creación de nuevos modelos de negocios asociados a las TIC, mediante la incorporación de elementos innovadores que aporten valor, mejora de la cualificación de su actividad e impulso de la modernización del sector empresarial y comercial regional. Otro de los objetivos, es promover el uso y la confianza de internet incidiendo en el apoyo del comercio electrónico con una amplia oferta de servicios, potenciando programas en colaboración con otras entidades regionales y nacionales, para incentivar que las PYMES pongan en marcha procesos innovadores en su organización que fortalezcan sus posibilidades de vender en internet, integrando soluciones que cumplan los estándares de seguridad y que se apoyen en plataformas de pago fiables que generen confianza entre los clientes.

La RIS3 de Extremadura (2014-2020) es una agenda integrada para la trasformación económica de la región a través de la promoción del liderazgo científico y tecnológico de nuestra región en aquellos sectores en los cuales existe un alto potencial de crecimiento, orientando sus actividades hacia áreas prioritarias o de especialización tales como la agroalimentación, las energías limpias, el turismo, la salud y las TIC.

La consecución de los objetivos marcados en la Agenda Digital de Extremadura, plasmados en la ejecución de la batería de acciones agrupadas en grupos temáticos para el período 2014-2020, están encaminados a mejorar los indicadores de penetración TIC en ciudadanos, por un lado, en el acercamiento de la Administración Pública y la ciudadanía a través de procesos telemáticos y por otro en la mejora de la competitividad de las empresas extremeñas.

La innovación tecnológica es una de las prioridades en todas las Agendas para dotar de mayor competitividad a las empresas y Administraciones públicas, a través de acciones de apoyo a la mejora de la actividad económica y el empleo de nuestra región, que fomenten el emprendimiento basado en web y TIC y que impulsen las actividades de I+D+i alrededor del sector de las TIC, mejorando la transferencia de los procesos de innovación y de fomento del emprendimiento tecnológico.

El comercio electrónico es una tendencia en continuo crecimiento, el e-commerce supone, sin duda, un valor añadido tanto para consumidores como para vendedores, por su agilidad en la comparación de precios y en la toma de decisiones de compra. No obstante, su implantación debe atender a demandas relacionadas con la seguridad de las transacciones o limitaciones logísticas.

Es necesario que las empresas de nuestra región se adapten a la gran evolución que la tecnología web ha sufrido durante los últimos años, el reto de aumentar el número de empresas extremeñas que comercializan sus productos online, es el objetivo principal del conjunto de medidas que se pretenden adoptar, al igual que fomentar proyectos que integren soluciones que cumplan estándares de seguridad y se apoyen en plataformas ya existentes que cumplen y son fiables.

En consonancia con las políticas europeas, y con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados tanto por la Agenda Digital de Extremadura como por la Estrategia RIS3, en relación con la estrategia de la Unión Europea “Europa 2020”, y dentro del Programa Operativo 2014-2020, surge este decreto, como medida orientada al despliegue de nuevas necesidades que las empresas extremeñas van adquiriendo en un mercado cada vez más competitivo, con la que la Junta de Extremadura pretende seguir avanzando en la estrategia para la creación de un entorno de emprendimiento basado en la innovación, y dotar de mayor competitividad a las Pymes extremeñas, impulsando así la transformación del tejido empresarial extremeño, hacia un cambio de modelo productivo, a través de la innovación y la internacionalización.

A través de este decreto se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales relacionados con el uso del comercio electrónico y las TIC en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, configurándose como un medio ágil que permita a las Pymes ser más competitivas en estos ámbitos.

El procedimiento de concesión de la subvención se iniciará de oficio, y se tramitará en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, aprobada por el Consejero de Economía e Infraestructuras, mediante orden que se ajustará a lo establecido en el Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicha convocatoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura en sus artículos 9.1.7 y 9.1.23, competencias exclusivas en materia de “fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional”, y del “régimen de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y la comunicación”.

En concreto la Consejería de Economía e Infraestructuras, a través del Decreto Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifica la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía e Infraestructuras, tiene atribuidas, entre otras, las competencias en materia de modernización e innovación tecnológica, sociedad de información y de investigación, desarrollo e innovación. La Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de dicha Consejería, tiene atribuidas, entre otras competencias, el ejercicio de todas las competencias de impulso, normalización, coordinación, seguimiento y evaluación de la Junta de Extremadura en materia de sociedad de la información, así como la dirección, impulso y ejecución de los proyectos estratégicos de desarrollo de la sociedad de la información en Extremadura.

Los proyectos objeto de las ayudas establecidas en el presente decreto, estarán cofinanciados con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), que son un instrumento financiero creado por la Comisión Europea en el marco de la política de cohesión reformada para el período 2014-2020, a fin de contribuir al fortalecimiento de la cohesión económica y social, y reducir las diferencias que existen entre los niveles de desarrollo de las regiones europeas.

Así mismo, las ayudas previstas en el presente decreto se hallan acogidas al régimen de mínimis, sujetándose a lo establecido en el Reglamento (UE) N.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352/1 a L 352/8, de 24 de diciembre), no pudiendo superar la ayuda total de mínimis la cantidad de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con el artículo 23 y el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero de Economía e Infraestructuras y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura en su sesión de 18 de julio de 2017.

Dispongo

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

El presente decreto tiene como objeto establecer las bases reguladoras de las ayudas a conceder en régimen de concesión directa, mediante convocatoria abierta, para el desarrollo de proyectos de comercio electrónico y TIC en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo el principal objetivo mejorar la productividad y competitividad mediante la aplicación de conocimientos y nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y comercial.

Artículo 2 – Beneficiarios.

1. Tendrán la condición de beneficiario conforme a lo recogido en las presentes bases, los autónomos o asimilados y Pymes extremeñas, que en el momento de presentar la solicitud se encuentren constituidas debidamente y empleen a un máximo de 50 trabajadores.
   
2. También podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica propia puedan llevar a cabo los proyectos para los que se destinan las ayudas. En en estos casos, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 45 y 70 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.En particular se admitirá que puedan acceder a la condición de beneficiario las uniones temporales de empresarios (UTEs), debiendo estar constituidas como tal en el momento de presentación de la solicitud, no pudiendo disolverse hasta que transcurra el plazo al que se extiendan las obligaciones derivadas de la subvención.
3. Quedan excluidas de las ayudas reguladas en el presente decreto:
1. Las empresas que operan en los sectores excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento CE 1407/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de ayudas de mínimis, siendo estos: la pesca, la acuicultura y la producción primaria de productos agrícolas, y en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos siguientes:

• Cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas.
• Cuando la ayuda esté supeditada a que una parte o la totalidad de la misma se repercuta a los productores primario.

No deben considerarse como transformación o comercialización a este respecto las actividades de las explotaciones agrícolas necesarias para preparar un producto para la primera venta, tales como el cosechado, cortado y trillado de cereales o el envasado de huevos, ni la primera venta a revendedores o transformadores.

En el caso de que la empresa solicitante desarrolle diferentes actividades económicas y entre ellas se encuentre alguna de las anteriores, ésta deberá aportar una declaración responsable, conforme al modelo del Anexo II, en la que ponga de manifiesto que la subvención no irá destinada a dichas actividades, las cuales están excluidas de las presentes ayudas.

1. Las empresas públicas, las participadas mayoritariamente por éstas, las entidades de derecho público, las entidades sin ánimo de lucro, cualquiera que sea la forma que adopten, las participadas mayoritariamente por éstas y las empresas, de cualquier tipo, que tengan por actividad la gestión de un servicio público.
2. Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
3. Las empresas que se encuentren en situación de crisis. A todos los efectos, se considerará empresa en crisis la que se encuentre en situación de crisis, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio, de la Comisión en relación a las PYME y conforme a lo dispuesto en el apartado 2.1 de las Directrices comunitarias sobre Ayudas estatales de Salvamento y de Reestructuración de Empresas en crisis (2004/C 244/02) en relación a las Grandes Empresas, todo ello a tenor de lo establecido en el considerando 15 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio, de la Comisión.A estos efectos y conforme a lo dispuesto en el artículo 2 apartado 18 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio, de la Comisión, se considerará que una Pyme está en crisis si cumple alguna de las siguientes circunstancias:
1. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una Pyme con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una Pyme en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de responsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el Anexo I de la Directiva 2013/34/UE y «capital social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión.
2. Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad (distinta de una Pyme con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el Anexo II de la Directiva 2013/ 34/ UE.
3. Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia a petición de sus acreedores.
4. Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de reestructuración.
5. Si se trata de una empresa distinta de una Pyme, cuando durante los dos ejercicios anteriores la ratio deuda/capital de la empresa haya sido superior a 7,5 y la ratio de cobertura de intereses de la empresa, calculada sobre la base del EBITDA (del inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros), se haya situado por debajo de 1,0.

1. No podrán obtener la condición de beneficiarios de las ayudas acogidas al presente decreto, aquellos autónomos o Pymes que hayan resultado beneficiarios de las mismas, en las dos convocatorias inmediatamente anteriores a la vigente.

Artículo 3. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.

1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán reunir los siguientes requisitos a fecha de presentación de las solicitudes:
1. Encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convocatoria.
2. Que desarrollen la actividad para la que solicitan la subvención, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

   En caso de que la empresa solicitante tenga diferentes actividades económicas, las presentes ayudas deberán destinarse, en todo caso, a la actividad económica que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. No encontrarse incursos en ninguna de las causas de prohibición contenidas en el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La justificación de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y de reunir los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la subvención solicitada, se efectuará mediante declaración responsable que figura incluida en el modelo de solicitud (Anexo I), de acuerdo con lo establecido en los artículos 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

   En el caso de que los beneficiarios, sean agrupaciones que se encuentren entre las señaladas en el artículo 2.2 del presente decreto, ninguno de los sus miembros podrá encontrarse incurso en ninguna de las causas de prohibición. Asimismo, las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

   Los requisitos que el beneficiario debe cumplir, relacionados con estas causas de prohibición son los siguientes:

1. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal y con la Hacienda autonómica, así como de sus obligaciones frente a la Seguridad Social. La Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación recabará de oficio y electrónicamente los certificados correspondientes, a fin de realizar las consultas y comprobaciones oportunas. Conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se presumirá que dichas consultas u obtenciones son autorizadas por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa, debiendo poner de manifiesto esta oposición marcando con una x el apartado correspondiente del modelo de solicitud del Anexo I del presente decreto.

   En el caso de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2 del presente decreto, esta circunstancia deberá ser acreditada por todos y cada uno de sus miembros, o por el representante o apoderado único de la agrupación, se presumirá que dichas consultas u obtenciones son autorizadas por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa, debiendo poner de manifiesto esta oposición marcando con una x el apartado correspondiente del modelo de solicitud del Anexo I del presente decreto.

2. No haber sido condenado mediante sentencia firme o resolución firme a la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
3. No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que éste haya adquirido la eficacia de un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
4. No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
5. No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompatibilidades que establezcan la normativa vigente.
6. No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
7. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de ayudas.
8. VIII.No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas en virtud de norma con rango de Ley
1. Los requisitos exigidos en el presente decreto y en sus normas de desarrollo, así como en la normativa estatal de financiación pública para el acceso a las subvenciones previstas en el mismo deberán cumplirse a la fecha de presentación de su solicitud.

Artículo 4. Régimen comunitario de las ayudas.

1. Las ayudas previstas en el presente decreto se hallan acogidas al régimen de mínimis, sujetándose a lo establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre).
2. Conforme a lo anterior, debe respetarse lo siguiente:

1. El importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

   El importe total de las ayudas de mínimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa que realice por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera no excederá de 100.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Estas ayudas de mínimis no podrán utilizarse para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera.

2. Si una empresa realiza por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera y también otras actividades a las que se aplica el límite máximo de 200.000 euros, la empresa quedará sujeta a dicho límite máximo siempre y cuando el Estado miembro de que se trate garantice, a través de medios adecuados como la separación de actividades o la distinción de costes, que la parte de las ayudas que beneficia a la actividad de transporte de mercancías por carretera no excede de 100.000 euros y que ninguna ayuda de mínimis se utiliza para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera.
3. Las ayudas de mínimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico nacional aplicable, con independencia de la fecha de pago de la ayuda de mínimis a la empresa.
4. Los límites máximos establecidos en el apartado a), se aplicarán cualquiera que sea la forma de la ayuda de mínimis o el objetivo perseguido y con independencia de que la ayuda concedida por el Estado miembro esté financiada total o parcialmente mediante recursos de la Unión. El período de tres ejercicios fiscales se determinará tomando como referencia los ejercicios fiscales utilizados por la empresa en el Estado miembro de que se trate.
5. A los efectos de los límites máximos pertinentes establecidos en el apartado a), las ayudas se expresarán como subvención en efectivo. Todas las cifras empleadas serán brutas, es decir, antes de deducción de impuestos u otras cargas. Cuando la ayuda se conceda en una forma que no sea una subvención, el importe de la ayuda será su equivalente de subvención bruta.

   Las ayudas pagaderas en varios plazos se actualizarán a su valor en el momento en que se concedan. El tipo de interés que habrá de emplearse a efectos de actualización será el tipo de actualización aplicable en el momento de la concesión.

6. En caso de que se supere el límite máximo pertinente establecido en el apartado a) por la concesión de nuevas ayudas de mínimis, ninguna de esas nuevas ayudas podrá acogerse al Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis
7. En el caso de fusiones o adquisiciones de empresas, todas las ayudas de mínimis concedidas anteriormente a cualquiera de las empresas que se fusionen se tendrán en cuenta para determinar si la concesión de una nueva ayuda de mínimis a la nueva empresa o a la empresa adquiriente supera el límite máximo pertinente. Las ayudas de mínimis concedidas legalmente con anterioridad a la fusión o adquisición seguirán siendo legales.
8. En caso de que una empresa se separe en dos o más empresas independientes, las ayudas de mínimis concedidas antes de la separación se asignarán a la empresa que se benefició de ellas, que es en principio la empresa que asume las actividades para las que se concedieron las ayudas de mínimis. Si dicha asignación no fuera posible, las ayudas de mínimis se asignarán proporcionalmente sobre la base del valor contable del capital social de las nuevas empresas en la fecha efectiva de la separación.

Artículo 5. Cuantía de subvención.

1. El importe de la subvención consistirá en un porcentaje del 80 % de la inversión subvencionable, con un máximo de 11.000 euros por beneficiario, independientemente del número de servicios que se pretenda contratar.
2. Asimismo, en el artículo 6 del presente decreto, se establecen unas cuantías e intensidades máximas para cada uno de los servicios subvencionables que puede recoger el Proyecto.
3. La concesión de subvenciones tendrá como límite la cuantía global del crédito presupuestario fijado en la convocatoria, sin perjuicio de su incremento conforme a la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 6. Servicios subvencionables, costes subvencionables e intensidades máximas

1. Serán subvencionables los siguientes servicios y gastos asociados a los mismos:
   

Redacción del proyecto

Diseño de tiendas Online

Creación de canal de ventas en MarketPlace

Desarrollo de estrategias de Marketing online

Gastos de los proveedores de Servicios de Pago

3. No se considerarán gastos subvencionables expresamente, los impuestos personales sobre la renta, sobre el valor añadido y el resto de impuestos ligados a la inversión o gasto, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

   En todo caso respecto a los costes subvencionables deberá cumplirse con lo establecido por la Orden HFP/1979/2016 de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020), y por el Reglamento (UE) número 1303/2013, del Parlamento y Consejo, de 17 de diciembre.

4. Los trabajos realizados por el propio solicitante o por empresas asociadas o vinculadas al mismo, únicamente tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles cuando concurran las siguientes circunstancias:

   — Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.

   — Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras.

5. Deberá tenerse en cuenta, que en el caso de tarifas de suscripción mensual, únicamente serán subvencionables aquellas que se encuentren dentro del plazo de ejecución del proyecto, que conforme a lo establecido en el presente decreto, como máximo será de un año desde la notificación de la resolución de concesión.

Artículo 7. Redacción del proyecto.

1. El Proyecto deberá presentarse junto a la solicitud de ayuda, y ajustarse a lo indicado en el artículo 17 del presente decreto.
2. Este servicio, deberá contratarse con empresas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Disponer de personal cualificado, perteneciente a su plantilla, para la prestación del servicio, debiendo disponer el mismo de Titulación universitaria o FP de Grado Superior; o bien tener una experiencia de al menos un año en la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica en materia TIC, y haber realizado un mínimo de 5 trabajos previos en servicios análogos, teniendo al menos 2 certificados de buena ejecución de esos trabajos previos realizados, lo que deberá acreditarse, mediante certificado expedido por la empresa receptora de los trabajos, copia del contrato de realización de los trabajos u otro medio de prueba válido en derecho.
b) Estar dado de alta en alguno de los siguientes epígrafes del IAE: — Sección 1: 843.1, 843.9, 844, 845, 846, 847 y 849.
— Sección 2: 751, 761, 762, 763, 764 y 765.
Se entienden que cumplen los requisitos para prestar este servicio, y por tanto no es necesario que presenten documentación alguna al respecto, las empresas que resulta- ron homologadas conforme al artículo 8 del Decreto 82/2015, de 5 de mayo, y a la Resolución de la Consejera de Empleo, Empresa e Innovación, de 28 de octubre de 2015, por la que se abre la convocatoria del procedimiento de homologación, siempre que no hayan perdido la homologación concedida, lo que se acreditará en el momento de presentar la solicitud, mediante una declaración responsable de la empresa homolo- gada, conforme al modelo del Anexo III, en la que indique que sigue cumpliendo los requisitos necesarios para continuar como empresa homologada, y que no ha perdido tal condición. Estas empresas se enumeran en el Anexo IV.

Artículo 8. Tienda online.

1. A efectos del presente decreto, se entiende por tienda online, la creación, modificación, desarrollo e implantación de una página web de comercio electrónico (e-commerce) cuyos contenidos versen exclusivamente sobre la actividad o actividades comerciales para las que la empresa solicita la subvención.
En caso de modificación de una web ya existente, deberá acreditarse en el proyecto presentado la situación actual de la página en el momento de presentar la solicitud (situa- ción inicial), de tal forma que sea verificable la misma, a fin de justificar las modificacio- nes que se pretenden realizar.
2. Los servicios de diseño web tienen el carácter de asistencia técnica, por lo que deberán contar al menos con 24 meses de garantía contra defectos de desarrollo.
3. Podrán ser objeto de subvención los gastos de desarrollo e implantación de la página Web cuyos contenidos versen exclusivamente sobre la actividad profesional o empresarial para las que la empresa solicita la subvención, y se ajusten a lo indicado en el Anexo V del presente decreto.

Artículo 9. Marketplaces y portales de empresa.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

Artículo 15. Solicitudes de ayudas.

1. Sólo se podrá presentar una solicitud de ayuda por empresa y por convocatoria, aunque dentro de la misma se podrán solicitar varios servicios subvencionables. Para el caso en el que se presente más de una solicitud por el mismo beneficiario, se acumularán en una sola solicitud, aplicándose el límite recogido en el artículo 5 de este decreto.

En el supuesto de empresas vinculadas o socios que aporten trabajo en varias empresas, sólo se admitirá una única solicitud de ayuda.

2. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la correspondiente convocatoria, que como mínimo será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria junto con su extracto, en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y sin que éste pueda exceder de un año.

Las solicitudes presentadas fuera de plazo serán inadmitidas a trámite. La resolución de inadmisión será notificada en los términos del artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octu- bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone la aceptación expresa y formal de lo establecido en el presente decreto.
4. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo del Anexo I del presente decreto, irán dirigidas a la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Economía e Infraestructuras, e irán acompañadas de la siguiente documentación:
   1. a)  En el caso de personas jurídicas, escritura de constitución y estatutos vigentes.
   2. b)  Declaración responsable del representante legal de la entidad en la que se hagan cons- tar el número de trabajadores que tiene la entidad a la que representa a la fecha de presentación de la solicitud, según consta en la propia solicitud de subvención (incluida en el apartado E de la solicitud – Anexo I-).
   3. c)  Declaración responsable del representante legal de la entidad solicitante, en la que se haga constar que la entidad a la que representa, no se encuentra incursa en alguna de las circunstancias que impidan la obtención de ayudas públicas en los términos recogi- dos en el artículo 12.2 Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, según consta en la propia solicitud de subvención, según consta en la propia solicitud de subvención, conforme al modelo de Anexo I. En el caso de que los beneficiarios, sean agrupaciones que se encuentren entre las señaladas en el artículo 2.2 del presente decreto, la declaración responsable deberá presentarse por cada uno de los miembros de la agrupación, o por el representante o apoderado único de la agrupación nombrado conforme al artículo 2.2 del presente decreto.

Artículo 16. Subsanación de solicitudes.

Artículo 17. Proyecto.

Artículo 18. Órgano instructor y de ordenación del procedimiento.

TÍTULO III

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Disposiciones finales